Propuestas para un Mejor Futuro

Esta ley establecerá que todo estudiante universitario obtenga su grado de bachiller de manera automática al culminar su plan de estudios y cumplir los créditos académicos exigidos. La tesis o trabajo de investigación será requisito exclusivo para obtener el título profesional; no se exigirá para el bachillerato, evitando así demoras y costos adicionales. Con esta medida se suprime la burocracia que actualmente retrasa la inserción laboral de los jóvenes. Asimismo, la ley creará un Fondo Nacional para la Investigación alimentado por el canon y regalías mineras y por un porcentaje del Impuesto a la Renta. Se financiarán proyectos científicos, laboratorios y becas competitivas en universidades públicas (sobre todo de regiones como Cajamarca, donde la pobreza limita la investigación), fortaleciendo convenios con el Concytec y universidades extranjeras. La norma demandará que cada universidad pública invierta al menos el 5 % de su presupuesto en investigación y que incorpore unidades de transferencia tecnológica para que los resultados se traduzcan en innovación y empleo. De esta forma, se promueve tanto el acceso rápido al bachillerato como el fortalecimiento real de la investigación científica.

Cajamarca tiene altos índices de anemia y desnutrición crónica. Datos recientes muestran que cuatro de cada diez niños de 6 a 35 meses sufren anemia, una quinta parte padece desnutrición crónica y 18 % de adolescentes presentan embarazo temprano. La ley creará el Programa de Cero Desnutrición con financiamiento seguro (canon minero y presupuesto nacional) para intervenir en los primeros tres años de vida de los niños. Se articularán los sectores Salud, Educación y Agricultura para asegurar acceso a agua potable, saneamiento, servicios materno infantiles, paquetes nutricionales y educación alimentaria. También se implementará un sistema de monitoreo digital con participación de rondas, comités de vaso de leche y organizaciones sociales, permitiendo identificar y atender a cada niño con retraso de talla o anemia. Se establecerán metas anuales por región y la transferencia de recursos a los gobiernos locales dependerá de los avances medidos.

Los agricultores cajamarquinos continúan vendiendo mayormente materia prima (leche, granos andinos, café, otros) a precios bajos y dependen de intermediarios. Esta ley promoverá la industrialización y valor agregado mediante:

El Estado coordinará con universidades, institutos técnicos y gremios para desarrollar tecnologías que permitan a los productores capturar mayor parte de la cadena de valor. La ley exigirá que un porcentaje del canon agrario regional se oriente al desarrollo de agroindustrias y cadenas de frío.

Los consumidores cajamarquinos son víctimas de precios abusivos, especulación en productos básicos y servicios deficientes. La ley fortalecerá el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dotándolo de una red de oficinas en provincias, una defensoría del consumidor accesible y facultades para imponer sanciones ejemplares. Se establecerá la obligación de que los comercios exhiban precios finales en góndola (evitando cargos ocultos) y se prohibirán cláusulas abusivas en contratos de crédito, telefonía y servicios públicos. Además, se creará un Registro Nacional de Proveedores Sancionados para que los consumidores puedan consultar antecedentes y se facilitará la acción colectiva para que asociaciones de usuarios demanden a empresas infractoras. La ley obligará a que todas las campañas de fiscalización sean acompañadas por medios de comunicación locales y rondas urbanas para asegurar transparencia.

Ante la inseguridad y pérdida de credibilidad en la Policía Nacional del Perú, la ley propondrá:

Estas medidas buscarán recuperar la confianza de la ciudadanía y reducir la criminalidad en Cajamarca y el país.

Esta ley garantizará un marco normativo integral para prevenir y sancionar el abuso de poder, económico, laboral y sexual, así como la violencia doméstica y contra las poblaciones vulnerables. Se crearán juzgados y fiscalías especializadas en delitos de abuso, con procedimientos ágiles, asistencia psicológica gratuita para las víctimas y sanciones agravadas para funcionarios y autoridades. La prescripción de estos delitos se ampliará y se eliminarán fueros o privilegios para congresistas y altos funcionarios, permitiendo que sean juzgados como cualquier ciudadano. La ley también fomentará programas educativos de respeto y cultura de paz en escuelas y universidades.

El país ha sido testigo de leyes que favorecen intereses particulares o reducen derechos ciudadanos. Esta iniciativa convocará a un Comité de Evaluación Legislativa (integrado por especialistas, organizaciones sociales y representantes de las regiones) para identificar normas que contravengan la Constitución, afecten al medio ambiente o vulneren derechos laborales. Con base en el informe, se presentarán proyectos de derogatoria o modificación. Se priorizarán leyes que facilitan la impunidad de los corruptos o que debilitan la fiscalización ambiental, así como normas que reducen la transparencia en el uso de recursos públicos. De esta manera, se recuperará la confianza en el Poder Legislativo.

La presente ley declara el acceso a internet como servicio público esencial y dispone que el Estado garantice conectividad en zonas rurales y de difícil acceso mediante inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Establece el uso compartido de infraestructura y promueve incentivos para la participación del sector privado. La norma exige que los centros educativos públicos y las postas de salud cuenten con una conectividad mínima de 50 Mbps, ampliable según la demanda, para asegurar navegación eficiente y la digitalización básica de los servicios educativos y de salud. El financiamiento se realizará a través del canon digital, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y alianzas público-privadas.

El régimen de pensiones para los servidores públicos en Perú es rígido y muchas veces injusto. La ley creará un sistema de jubilación flexible, permitiendo a los trabajadores retirarse con 30 años de aportes (hombres) y 25 años (mujeres) sin límite de edad, o con 60 años y 20 años de aportes con pensión reducida. Se establecerán mecanismos para la portabilidad de aportes entre el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La norma garantizará que las pensiones no sean inferiores a la canasta básica y que se reajusten anualmente según la inflación. También se promoverá el retiro gradual, permitiendo que servidores mayores trabajen medio tiempo y formen a las nuevas generaciones. Se fomentará el ahorro previsional voluntario a través de incentivos fiscales.

El sistema de salud cajamarquino está sobrecargado: el hospital de referencia regional carece de equipos modernos, médicos especialistas y camas suficientes. Esta ley propondrá un Plan Quinquenal de Infraestructura Sanitaria, que priorice la construcción y el equipamiento de hospitales y centros de salud en cada provincia, con especial énfasis en Bambamarca. Se establecerá un presupuesto específico del Ministerio de Salud y el gobierno regional para contratar especialistas, implementar telemedicina y proveer insumos y medicamentos. La norma obligará a que el 20 % del canon minero se destine a salud. Además, se robustecerá el primer nivel de atención con postas que cuenten con médicos generales, enfermeras, obstetras y odontólogos, evitando que las personas recorran largas distancias por una consulta básica. El fortalecimiento de la infraestructura se complementará con el desarrollo de un sistema de referencia y contra referencia digitalizado y con campañas de promoción de la salud.

La contratación pública en el Perú ha estado plagada de corrupción y sobrecostos. Esta ley reformará el marco normativo para:

Estas medidas garantizarán obras de calidad y reducirán la fuga de recursos públicos.

Las rondas urbanas han surgido como respuesta ciudadana a la inseguridad, pero carecen de reconocimiento legal. La ley reconocerá a las rondas urbanas como organizaciones de base para la prevención del delito y la resolución pacífica de conflictos, otorgándoles personería jurídica y cobertura legal cuando actúen en coordinación con la Policía. Se establecerán programas de formación en derechos humanos, mediación y uso razonable de la fuerza para los ronderos. También se coordinará con gobiernos locales y la Defensoría del Pueblo para supervisar su actuación y evitar abusos. La norma incluirá un sistema de articulación con rondas campesinas y comités de seguridad ciudadana, así como un fondo para cubrir seguros de vida y equipamiento básico. Con ello se fortalecerá la seguridad sin renunciar a los derechos ciudadanos.

El distrito de Hualgayoc acumula más de 1,200 pasivos ambientales mineros que contaminan las aguas y dañan la salud de la población. La ley dispondrá la moratoria temporal a nuevas concesiones mineras en la provincia de Hualgayoc hasta que los pasivos ambientales sean remediados. El Ministerio de Energía y Minas, junto con las empresas responsables y el Gobierno Regional de Cajamarca, deberá implementar un plan de cierre y remediación con plazo de cinco años y financiamiento garantizado. Asimismo, se creará un Fondo de Atención Integral para niños y adultos afectados por metales pesados, que cubrirá diagnósticos, tratamientos médicos, rehabilitación y apoyo social. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y OEFA aumentarán la fiscalización y sancionarán a quienes contaminen. Además, se ordenará publicar un reporte anual sobre avances de remediación y salud comunitaria.

Las obras públicas suelen paralizarse por la demora en la adquisición de terrenos y la falta de compensación justa a los propietarios. Esta ley creará procedimientos expeditivos y transparentes para expropiaciones y servidumbres de paso en obras de necesidad pública (carreteras, puentes, hospitales). Se establecerá un método de valuación objetiva, tomando en cuenta el valor comercial, daños y perjuicios y beneficios futuros, garantizando un justiprecio y pago oportuno a los propietarios. Un tribunal de tasación independiente resolverá controversias en un plazo máximo de 30 días. Se estipulará que, una vez depositado el monto de la tasación en una cuenta judicial, la entidad pública pueda tomar posesión inmediata del predio, evitando retrasos como los ocurridos en la carretera Cajamarca-Bambamarca. La norma contempla asistencia legal gratuita a los propietarios y medidas para proteger a las comunidades.

Con el propósito de reactivar la economía rural, la ley obligará a que al menos el 30 % de los recursos de inversión que se asignan a gobiernos regionales y locales se destinen a proyectos agrarios. Estos recursos financiarán construcción y rehabilitación de canales de riego, reservorios, carreteras rurales, titulación de tierras, asistencia técnica y seguros agrarios. Se establecerá un sistema de evaluación de proyectos para asegurar su viabilidad y sostenibilidad y se priorizarán proyectos que impulsen la asociatividad, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático. La ley permitirá el cofinanciamiento entre regiones y el gobierno nacional y dará incentivos a los gobiernos locales que ejecuten su presupuesto en el plazo programado y con resultados verificables.

La conectividad vial de Bambamarca con la selva y otras regiones es precaria, afectando el comercio, la seguridad y el turismo. Esta ley declarará la prioridad y urgencia del asfaltado y mejoramiento integral de la carretera Bambamarca – El Marañón – Región Amazonas. Se otorgará autoridad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para elaborar y ejecutar el proyecto en coordinación con el gobierno regional, gestionando el financiamiento necesario mediante fondos nacionales, canon minero y cooperación internacional. La norma autorizará procedimientos de expropiación y servidumbre (en línea con la Ley de Justiprecio) y exigirá estudios de impacto ambiental y social. El asfaltado reducirá costos de transporte, potenciará la competitividad del sector agrario y abrirá corredores turísticos hacia el río Marañón y la Amazonía.

La región posee un enorme potencial turístico; sin embargo, el sector está prácticamente abandonado: las vías de comunicación están colapsadas o mal conservadas, la conectividad digital es carente y los servicios básicos son inadecuados. Estas carencias impiden que los turistas lleguen cómodamente y perjudican la competitividad de los emprendedores locales. Un diagnóstico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 2025 resalta la necesidad de mejorar la infraestructura de conectividad, aeropuertos, carreteras y transporte público para facilitar el acceso a los principales destinos turísticos. En el mismo informe se indica que, de 26 recursos turísticos priorizados en Cajamarca, 92 % presenta condiciones inadecuadas. La ley propondrá:

La ley buscará que el turismo se convierta en motor económico sostenible para Cajamarca, generando empleo y protegiendo su patrimonio. La mejora de la conectividad y la infraestructura turística responderá a los diagnósticos oficiales y a la demanda de las comunidades, permitiendo que el desarrollo llegue a las zonas rurales y reduciendo la pobreza.

La presente ley establece que no habrá más expansión minera en Cajamarca, priorizando la protección del agua, la tierra y la salud de las comunidades. Dispone la erradicación total de la minería ilegal mediante acciones coordinadas de interdicción y sanción penal, y obliga a que la minería informal se formalice y cumpla estrictamente las normas ambientales y sociales. Las empresas mineras que ya operan deberán innovar y mejorar sus procesos, reduciendo impactos ambientales y garantizando transparencia, trazabilidad y responsabilidad social. Asimismo, la ley crea mecanismos de control regional, remediación de zonas contaminadas y participación comunitaria, asegurando que los recursos naturales se administren con respeto a Cajamarca y beneficio real para su población.

La presente ley tiene por objeto fortalecer el deporte y la cultura en Cajamarca mediante la gestión eficiente de la infraestructura existente, el apoyo directo a deportistas y músicos, y la promoción de la formación artística y deportiva. Para ello, crea una entidad regional especializada, establece un fondo de financiamiento público-privado, impulsa programas de becas, capacitación y protección social, incorpora el deporte y las artes en la educación, y fomenta eventos culturales y deportivos que contribuyan a la inclusión social, la identidad regional y el desarrollo humano sostenible.